Otatitlan, VER.-La Fiscalía General de la República logró que un juez vinculara a proceso a Gabriel “N”, señalado por su probable responsabilidad en el presunto uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, luego de que, según la investigación federal, operara un aeródromo en Otatitlán sin contar con los permisos de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Todo comenzó con un cateo realizado en febrero de este año, cuando agentes federales aseguraron el inmueble y seis aeronaves. Tras varios meses de investigación, la FGR sostiene que reunió elementos suficientes para judicializar el caso.
El mensaje es contundente, las pistas clandestinas o fuera de regulación también están en la mira de las autoridades federales.
Quien pretenda operar al margen de la ley podría terminar aterrizando… pero frente a un juez.
Ahora vendrán cuatro meses de investigación complementaria para determinar si las acusaciones logran sostenerse hasta un juicio.
Por supuesto, como lo establece la Constitución, Gabriel “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme. Pero el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Cuántos aeródromos operan realmente en el país sin la supervisión ni las autorizaciones correspondientes
