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El gobierno de Nicolás Maduro inhabilita por 15 años a Guaidó

CARACAS (apro).- El contralor general nombrado por Nicolás Maduro anunció este jueves que su despacho determinó inhabilitar políticamente por 15 años al llamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para ejercer cargos públicos.

Ello, debido a la presunción de que “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio y recibió dinero de instancias internacionales y nacionales “sin justificarlas”.

Según Elvis Amoroso , contralor designado por Maduro a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desde 2015 Guaidó realizó más de 90 viajes al extranjero con un costo superior a los 310 millones de bolívares (94 mil 096. 79 dólares a la tasa de cambio oficial), sin aclarar cómo pudo costear esos gastos.

En una declaración difundida en Venezolana de Televisión (VTV), el canal del Estado, Amoroso indicó que muchos de estos viajes se realizaron usando “aeronaves privadas”, y sostuvo que el también presidente de la Asamblea Nacional (AN) ha permanecido fuera de Venezuela 248 días desde que fue electo como diputado.

El funcionario, quien inició una auditoría en febrero pasado, no precisó desde qué fecha entrará en vigencia la inhabilitación, y sostuvo que Guaidó también será multado, aunque no especificó el monto.

La Contraloría venezolana estimó en 200 millones de bolívares (60 mil 707.60 dólares) los gastos de Guaidó por su permanencia en “hoteles de lujo” fuera del país.

Esos gastos, dijo, no se corresponden con los que puede permitirse un diputado venezolano, y agregó que solicitará informes en los hoteles donde se hospedó dentro del país, para aclarar cómo es que el presidente del Parlamento pagó su estadía.

La decisión de la Contraloría se contrapone a otra medida que tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar en desacato a la Asamblea Nacional y, en consecuencia, suspender el salario a todos los diputados desde 2016.

Amoroso dijo que la decisión se tomó “considerando que el diputado Juan Guaidó se ha negado a presentar su declaración jurada (…) ha violado sistemáticamente nuestra Carta Magna (…) ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela”.

Sin embargo, acotó que estas sanciones “no tienen absolutamente nada que ver con la situación política” de Guaidó.

El dictamen de la Contraloría no sólo es contra Guaidó. Amoroso instó al organismo fiscal venezolano, SENIAT, a visitar y revisar los registros de los hoteles en los que aquel se hospedó y tuvo reuniones en los últimos años.

El SENIAT es presidido por José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo supra constitucional creado por Maduro en 2017 para neutralizar al Parlamento de mayoría opositora.

Poco después del anuncio de la Contraloría, Guaidó tildó de “farsa” la medida en su contra. “No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor”, señaló tras recordar que Elvis Amoroso fue designado por la ANC y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello, según la Constitución venezolana.

La sanción “no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la presidencia encargada”, dijo en un acto en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en Caracas, durante la presentación del “Plan País” con el que promete recuperar a Venezuela.

“Hoy vamos a seguir en las calles implementando nuestra Operación Libertad por el cese de la usurpación”, dijo Guaidó.

De igual manera, mencionó que “desempolvaron” a Amoroso para “meter miedo a los hoteles” en los que se aloja cuando viaja por el país, y para “tratar de confundir un poco a la opinión pública”.

“Seguimos en gira por todo el país implementando la Operación Libertad”, afirmó en alusión al programa que han propuesto para el fin del actual gobierno, además del plan de transición que conduzca a la realización de elecciones.

En los últimos años la Contraloría ha inhabilitado a varios líderes de la oposición para ejercer cargos públicos, como el dos veces candidato a la presidencia, Henrique Capriles Radonski, y Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular (VP) al que pertenece Guaidó y que se conoce por ser “preso político”, además de que ha denunciado torturas y vejaciones.

La Fiscalía General, cuyo titular también fue nombrado por la ANC y no por el Parlamento, como dicta la Constitución, ya abrió dos investigaciones contra Guaidó, quien en enero pasado invocó la Constitución para jurar como presidente encargado del país acusando a Nicolás Maduro de haberse reelegido el año pasado en unos comicios fraudulentos

La primera de esas investigaciones se inició a finales de enero, cuando el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, solicitó al TSJ que ordenara la prohibición de salida del país y la congelación de las cuentas de Guaidó, como medidas cautelares relacionadas con un proceso que abrió en su contra por los hechos “violentos” que se habían producido en Venezuela la semana anterior, cuando el país vivió una serie de protestas contra la gestión de Maduro

 

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