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Congreso de Yucatán eleva la pena por feminicidio a 60 años de cárcel

MÉRIDA, Yuc. (apro).– El Congreso de Yucatán reformó este miércoles el Código Penal del Estado, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres para endurecer las penas por feminicidio, delitos sexuales y contra la vida e integridad corporal.

En sesión ordinaria, la Legislatura también extinguió al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y modificó la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado.

En materia de protección a las mujeres, el legislador priista Luis Borjas Romero explicó que las reformas son para aumentar las penas de los delitos como hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual y estupro, así como los delitos contra la vida e integridad corporal, como la esterilidad provocada.

También aumentó la pena por feminicidio, que será de 60 años.

Expuso que obstaculizar o condicionar el acceso a un empleo por medio de requisitos vinculados con su sexo, edad, físico, estado civil o condición de madre queda tipificado como delito de violencia laboral.

De igual manera, diversas conductas atribuidas al personal de las instituciones de salud públicas o privadas durante el embarazo, el parto, el puerperio o en alguna emergencia obstétrica de las niñas, adolescentes o mujeres quedaron tipificadas como violencia obstétrica.

A su vez, la panista Kathia Bolio Pinelo recordó que seis de cada 10 mujeres en México y una de cada tres en el mundo han experimentado un acto de violencia, por lo que destacó la necesidad de fortalecer y actualizar el marco jurídico “para garantizar justicia a las víctimas y mayores sanciones para quien cometa este tipo de delitos”.

Bolio Pinelo, quien promovió la iniciativa con respecto a los derechos a las personas discapacitadas, detalló que actualmente hay 10 millones de personas con discapacidad en el país que sufren y luchan a diario contra la adversidad y la discriminación, por lo que era necesario tener un producto legislativo “con políticas públicas con visión inclusiva y no asistencialista”.

Agregó que con las reformas aprobadas se establecen estímulos en mismas cantidades que cualquier deportista a las personas con discapacidad y se garantiza las funciones al nuevo Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado.

A su vez, la priista María Moisés Escalante indicó que se procuró la eficacia del derecho al deporte, en congruencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; así como la implicación intrínseca de su derecho a la movilidad cuando exista un requerimiento de asistencia de algún aparato ortopédico, silla de ruedas, perro guía o animal de servicio.

En la plenaria del día también se declaró oficial la reforma a la constitución política local respecto a la revocación de mandato, pues se recibieron 56 constancias de sesiones de cabildos, siendo éstas 36 en negativo y 20 en positivo, así como 50 sin responder en el plazo de 90 días naturales, por lo que se consideran como afirmativa ficta, quedando con 76 a favor.

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